El Grupo Ecologista Cóndor se ha manifestado totalmente en contra del plan de la Junta de Andalucía de reabrir minas y canteras en espacios naturales protegidos en la provincia de Almería con las pretensiones de crear puestos de trabajo. La decisión de la Junta de Andalucía, significa que se proyecta por el Gobierno aplicar las técnicas mineras invasivas en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas, en los LIC de Sierra de Gádor y Enix, Sierra Alhamilla, Desierto de Tabernas, los arrecifes de Posidonia de Roquetas, la Serreta de Cabo de Gata, la Sierra del Oso, Sierra María – Los Vélez, la Sierra de Almagro, Sierra Almagrera, Los Pinos y El Aguilón, Sierra Cabrera – Bédar
Valgan algunos ejemplos. El disparate que proyecta hacer la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA nº 245, de 17 de Diciembre pasado, es del calibre siguiente: sacan a concurso e invitan a las empresas para investigar y explotar la mitad del Paraje Natural del Karst de Yesos en Sorbas, en donde existe la mayor concentración de cuevas, dolinas, cañones y geodas, en donde hay propuestos 4 Global Geosites, candidatos a representar el patrimonio geológico de la Tierra.
Pero no paran en eso. La Junta de Andalucía continúa con el disparate sacando a concurso la investigación y explotación de la tercera parte del Parque Natural de Cabo de Gata, primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía, Reserva de la Biosfera y Geoparque, y lo hacen en las zonas limitadas expresamente para su explotación minera, vulnerando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, que tienen la consideración de Plan de Gestión a los efectos de lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Lo que tanto esfuerzo y años nos había costado al movimiento ecologista limitar las concesiones y permisos en el Parque, ahora, de un plumazo, cambian de criterio y se lo cargan.
En el citado anuncio se hace pública la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que declara franco el espacio ocupado por 114 derechos mineros en la provincia de Almería y, simultáneamente, saca a concurso dicho territorio, con objeto de que las empresas mineras compitan para optar al mismo.
Esta operación se produce por decisión técnica y política de Dª María José Asensio Cotola, Directora General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía. Esta señora fue imputada por la Audiencia de Huelva, en abril de 2013, por presunta prevaricación en el ejercicio de sus funciones como Delegada Provincial de la Junta de Andalucía. La imputación por la Audiencia se produjo como consecuencia de la querella criminal realizada por 6 técnicos del Departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva, que de acuerdo con lo argumentado sufrieron una serie de presiones para firmar una resolución contraria a la Ley de Minas y así “facilitar” la actuación de la empresa MATSA, en donde trabaja la hija del expresidente de la Junta de Andalucía, Don Manuel Chaves, lo que se conoce dentro de los casos de corrupción andaluza como caso MATSA. La Presidenta de la Junta de Andalucía, Dª Susana Díaz, la ascendió, por los servicios prestados, a Directora General y la mantiene en el cargo.
Los servicios técnicos de nuestra Asociación Cóndor han estado estudiando detalladamente la documentación de este anuncio y resolución, para de analizar las repercusiones que esta decisión puede tener sobre el medio ambiente de nuestra provincia. Las conclusiones son realmente aterradoras.
La decisión de la imputada Directora General, que en Almería le corresponde materializar a la Delegada Provincial, supone poner a disposición de las empresas 87.899,71 hectáreas de terreno, es decir, unas 2.900 cuadrículas mineras, más del 10 % de la superficie de la Provincia, con un gran porcentaje en espacios naturales protegidos, con unos efectos ambientales impresionantes.
La decisión de la Junta de Andalucía supone ofrecer en concurso público e invitar a empresas mineras a que realicen actividades mineras que van desde sondeos con recuperación de testigo (para los que es necesario hacer caminos afectando a la cubierta vegetal), a realización de prospecciones sísmicas; desde meter excavadoras para la apertura de calicatas o a la apertura de frentes de explotación piloto, como se puede leer en el BOJA. Esto tampoco tendría especial significación si estos trabajos se fueran a realizar fuera de los espacios protegidos de Almería, pero lamentablemente no es así.
Pero no paran. La Junta de Andalucía saca a concurso la quinta parte de la superficie del Parque Natural de Sierra María –Los Vélez, cambiando radicalmente de política, esa que ha limitado la expansión de los empresarios de Macael, en el aprovechamiento de las calizas beige, que suponía destrozar el Parque.
Aunque existen otros muchos disparates, queremos señalar una situación que constituye una auténtica aberración. En el año 2003 el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España inició las gestiones para comprar los derechos de explotación minera a la empresa almeriense Ferromica, S.L., titular del grupo minero San Rafael, San Apolonio y La Minillas. Estas minas de hierro se encuentran situadas en Paterna del Río y Laujar de Andarax, dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, y con su adquisición el Ministerio pretendió que dentro de un parque tan importante no hubiese ninguna afección que limitase sus valores a proteger. Tras las oportunas negociaciones, el Ministerio desembolsó más de 120 millones de pesetas y posteriormente el Organismo Autónomo Parque Nacionales invirtió otros 1.444.676 euros para restaurar las canteras que quedaban abandonadas. Pues bien, en el culmen de la ignorancia, la Junta de Andalucía una vez que las minas se cerraron y restauraron, con cargo al erario público, por su incompatibilidad con los valores naturales del Parque Nacional, tiene la desfachatez de sacar los derechos a concurso para que se vuelvan a investigar y a explotar.
Este disparate técnico y político es consecuencia de la conjunción de ignorancia e intereses económicos en el Gobierno de la Junta. Si de verdad quisieran proteger el territorio comprendido en la Red de Espacios Protegidos, no hubiesen sacado a concurso estos derechos. Para proteger estos espacios hubiese bastado hacer lo que les faculta la Ley de Minas y que en su momento se aplicó con el terreno ocupado, precisamente en Almería, por el Centro de Experiencias Michelin: declarar el espacio como no registrable por interés público, cosa que se hizo por Real Decreto 1726/1998, de 24 de julio. De esa manera nadie hubiese podido alterar los espacios protegidos, al no poder ubicarse en los mismos. Pero no, el Gobierno de la Junta está ocupado en otras cosas y no le va el interés público. Se dedica a mariposear con las multinacionales, proteger eso sí sus intereses y despreciar al medio ambiente. Desde el Grupo Ecologista Cóndor tienen claro que la única solución para que este disparate no se materialice es denunciar el caso a la Unión Europea.
